El Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que archiva la querella presentada por el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, contra el actual regidor, Antonio González Terol, por la contratación de un despacho de abogados para representar al Ayuntamiento con motivo de su personación en el proceso judicial derivado del caso Gürtel.

LA SALA DE LO PENAL CONSIDERA QUE NO HAY HECHO ÍLICITO PENAL

El auto, emitido por la Sala de lo Penal desestima la querella presentada por el ex alcalde (imputado en la trama Gürtel) por “no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno” y archiva lo actuado. La querella la había presentado ante el Tribunal Supremo el que fuera regidor de Boadilla por sospechar que González Terol, actual alcalde y Diputado en el Congreso, podría haber cometido los supuestos delitos de “prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias” en la contratación del despacho de abogados. La resolución especifica que un abogado del estado podría haber representado al Consistorio, que este tiene la función de defender los intereses del estado como ente público, pero que estos no tienen que coincidir necesariamente con los de un “pequeño Ayuntamiento”. El archivo de la querella data del mes de mayo, pero no se ha dado a conocer hasta hoy por el Ayuntamiento de la localidad. Los responsables de la presentación de la querella han explicado que se basaba en que el alcalde había personado al Ayuntamiento en el caso “utilizando un procedimiento administrativo excepcional”, reservado para “casos muy distintos a este”, y “sin respetar los principios” de transparencia y publicidad. “La querella también argumentaba que el Ayuntamiento cuenta con un servicio jurídico que podría haber llevado el proceso en vez de encargarlo a un abogado externo o, en su defecto, el propio Abogado del Estado con que cuenta la Audiencia Nacional en este proceso”, han explicado.

RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL

El ex alcalde, González Panero, ha anunciado a Europa Press que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que a su juicio “resulta increíble” que el caso que “fue presentado en el Juzgado de Móstoles” fuera “admitido a trámite” y Gonzalez Terol “citado a declarar como investigado” y que en el Supremo “no se admita”. En sus declaraciones ha afirmado que el actual alcalde “se libra por el hecho de ser diputado” y que “el abogado de Terol, Adolfo Prego, fue juez del Supremo y compañero de Sala del juez instructor que se ha hecho cargo del caso”. Desde el Gobierno de Boadilla han destacado los argumentos esgrimidos en el Auto respecto al posible tráfico de influencias señalando que el Tribunal “ha desmontado cada una de las argumentaciones” de la querella. El Consistorio asegura que “en modo alguno” el procedimiento utilizado para la contratación del servicio jurídico que Panero “consideraba inadecuado (sin indicar cuál sería el correcto, según dice el Auto) encaja con lo que se determina como constitutivo de delito de prevaricación”. Así, recogen que los servicios jurídicos del Ayuntamiento “cuentan con una alta cualificación profesional en derecho administrativo local pero no necesariamente en derecho penal” y que “el Abogado del Estado desempeña su función en defensa de los intereses del Estado que no tienen necesariamente que coincidir con los que un pequeño Ayuntamiento”. En cuanto al posible delito de tráfico de influencias por una supuesta relación personal entre familiares del querellado y el abogado contratado, destacan que no es, a juicio del Tribunal, más que “una presunción sin verificación alguna de la misma”.